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EL SITIO SOBRE ACOSO ESCOLAR DE HISPANOAMÉRICA

 

bull157CIUDAD DE MÉXICO, Estudiantes se organizan para contrarrestarlo. Algunos grupos sociales preparan a sus menores a defenderse. Diversas autoridades escolares crearon redes de apoyo. La OCDE advierte que México es el primer lugar en violencia escolar y los especialistas alertan de su peligroso crecimiento, pero el Congreso de la Unión no acierta a crear una ley que ayude a todos a atacar el peligroso acoso escolar conocido como bullying.

Desde el 1 de marzo de 2011, cuando la entonces senadora priista Norma Esparza se convirtió en la primera legisladora federal en proponer una ley contra el bullying, han pasado 20 meses y el resultado es que en comisiones del Senado hay tres iniciativas olvidadas y una minuta enviada por la Cámara de Diputados, que a su vez tiene otras dos iniciativas en comisiones.

Ahora, con la experiencia que le genera haber sido el secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal, el senador Mario Delgado prepara la que ya es identificada como la iniciativa más completa e integral para atacar la peligrosa y creciente violencia escolar que ha generado suicidios de escolares y un ambiente de tensión constante para uno de cada tres niños de primaria, adolescentes de secundaria y jóvenes de bachillerato.

Pero la iniciativa de Mario Delgado todavía está en espera de que todas las fuerzas políticas del Senado la respalden, para que su nacimiento no sea tardado, ante la urgencia que han expresado autoridades educativas y especialistas en derechos humanos.

La violencia escolar no sólo carece de la atención de los legisladores federales, también en el ámbito local hay indiferencia. De las 32 entidades del país, sólo Jalisco, Puebla, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal tienen leyes estatales o disposiciones en su legislación educativa para atender el tema.

De acuerdo con el análisis realizado por Excélsior, todas estas disposiciones legislativas centran la atención en el área preventiva, con excepción de Jalisco, que en su Ley Contra la Violencia y el Acoso Escolar, que incluye diversos tipos de infracciones que se aplicarán a los maestros y directivos de las escuelas que toleren la violencia escolar e incluso oculten a los padres o tutores que sus menores son víctimas o victimarios.

La escuela, el lugar más violento

Al principio del año, la Secretaría de Desarrollo Social, a raíz de la actualización del programa para rescatar los espacios dominados por la violencia en todo el país, reveló que el espacio donde más ha crecido la inseguridad o la percepción de inseguridad es la escuela.

“Las encuestas nacionales sobre Inseguridad 2009 (ENSI-6) y de victimización y percepción sobre la seguridad pública 2011 (ENVIPE), miden la percepción de inseguridad que tiene la población en la casa, trabajo, escuela, automóvil, centro comercial, mercado, carreteras, calle, transporte público y parque o centro recreativo.

“Los resultados indican que entre 2009 y 2011 las personas perciben un incremento en la inseguridad sólo en los parque o centros recreativos (3.9 puntos porcentuales), así como en las escuelas (5.9 puntos porcentuales), centros comerciales (2.6 puntos porcentuales) y en el marcado (0.1 puntos porcentuales)”, explica la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en la exposición de motivos del Programa de Rescate de Espacios Públicos para este año.

Además, el Estudios Internacional sobre Docencia y Aprendizaje, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ubica a México como “el país con el ambiente escolar más violento en secundarias de los &24 países estudiados, con 61% de reporte de que hay intimidación, abuso y agresión verbal entre estudiantes y 51% que señala que entre la comunidad estudiantil hay uso o posesión de drogas o alcohol”.

La propia Secretaría de Educación Pública (SEP), en un estudio realizado junto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), mostraron que 43.2% de los maestros mexicanos ubicaron casos de bullying en sus salones de clase, mientras que 30% de los menores de primaria aseguraron haber sido víctimas de burlas, acoso, hostigamiento y violencia física por parte de sus compañeros por razones de su aspecto físico, sus preferencias sexuales y religiosas.

Esfuerzos de grupos

Mientras el fenómeno crece y los legisladores federales se ponen de acuerdo, en el país ya se realizan esfuerzos por atenuar la violencia escolar. Algunos planteles, sobre todo privados, han creado redes de apoyo para homologar criterios de prohibición de bullying y vigilancia por parte de los maestros.

La comunidad judía, por ejemplo, ha creado una especie de protocolos de defensa entre sus menores para evitar que los lastimen sicológica y emocionalmente, amén de que les enseñan a evitar la generación de violencia física.

Denominada Breaking Silence, una “organización formada por niños y adolescentes que a raíz de la dolorosa pérdida de un amigo, unieron fuerzas para ayudar a otros niños víctimas de bullying” abrió espacios en las redes sociales para generar apoyo a quienes son hostigados por sus compañeros.
 

Las propuestas

En las comisiones del Congreso están atoradas cinco iniciativas y una minuta.

En el Senado hay una minuta que incorpora la cultura de la paz a los criterios que orientan a la educación; asimismo, propone que entre las atribuciones de las autoridades educativas federal y locales se incluya la promoción de mecanismos de prevención, detección y atención de casos de violencia y abuso escolar en cualquiera de sus manifestaciones.

Una iniciativa de la priista Norma Esparza que propone equiparar a los delitos de violencia familiar a quienes, por medio de violencia sicológica, causen daño a la integridad física o sicológica de otros a través de condicionamiento, coacción, intimidación, insultos o amenazas, incluso para quienes tengan la custodia, guarda, educación, protección, instrucción o cuidado, así como garantizar atención médica y sicológica a las víctimas.

Otra iniciativa, de los perredistas Graco Ramírez y Francisco Xavier Castellón, propone la adición de las fracciones XV a XIX del artículo 12, de la Ley General de Educación, a fin de dar la atención legal debida al fenómeno del bullying suscitado en estudiantes de primaria y secundaria.

Además, plantea como una atribución de la autoridad educativa federal establecer, en coordinación con los estados, programas para educadores en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes y educación para la paz y cultura de no violencia.

También, se propone que esta autoridad expida un reglamento que contenga las conductas contrarias a la buena convivencia escolar; los procedimientos y medidas disciplinarias acordes con los derechos y al interés superior de la infancia, así como los medios para ser impugnados y las formas en que se garantizará que la opinión de los educandos sea tomada en cuenta.

Y otra más del perredista Silvano Aureoles y las priistas Norma Esparza y Guadalupe Fonz, que crea la figura de inspectores profesionales en la materia para que realicen la visita a los diferentes planteles educativos y recaben la información que el artículo 30 de la ley dispone, para con la información que se obtenga de la violencia en cada escuela, pueda ser procesada de manera expedita y mejorar los métodos para combatir la violencia escolar de manera continua.

A instancias del Partido Nueva Alianza, hay una iniciativa ya dictaminada desde la Legislatura pasada, que se centra en las labores de prevención.

En la actual Legislatura, la diputada del PRI, Rocío Corona Nakamura, con el respaldo de su coordinador Manlio Fabio Beltrones, propone el involucramiento de los padres en actividades para controlar el problema.

Expertos sugieren más que cambios legislativos

bull157-bRecomiendan educación para la paz, garantizar los derechos de niños y una visión integral de la violencia, entre otros.

Convocados por Excélsior, cinco especialistas advierten que para prevenir y controlar el bullyng, más que reformas, se necesita una educación para la paz, garantizar los derechos de los niños, fortalecer las capacidades del magisterio y una visión integral de la violencia.

Rechazan la idea de que el bullyng se arregla si la víctima decide ponerle un hasta aquí a quien lo acosa. Pero no todos están de acuerdo con el establecimiento de sanciones legales, como lo propone el senador Mario Delgado.

Trixia Valle Herrera, directora de Fundación en Movimiento, se manifiesta a favor. La autora del libro Ya no quiero ir a la escuela argumenta: “A grandes problemas, grandes soluciones, y hoy algunos padres de familia no quieren tomar la responsabilidad cuando sus hijos resultan ser agresores; el bulleado es quien debe dejar la escuela y el agresor es el rey del patio escolar”.

Nashieli Ramírez Hernández, de la organización Ririkí Intervención Social, AC duda de la viabilidad de ese enfoque y señala que la ley diseñada por el ex secretario de Educación en el DF aún “no ha podido ser operada” en la capital del país.

“Camina en sentido contario a la lógica educativa, planteando la solución desde la lógica punitiva”, señala la consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Ramírez Hernández cuestiona cualquier pretensión de convertir a los maestros en administradores de la justicia.

Mónica Gonzalez Contró, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sostiene que la creación o reforma de leyes no transforma la realidad si no contienen mecanismos para su realización. “Generan una especie de alivio social, pero a la larga no dan resultado. Si hay impunidad, poco importa que se contemplen sanciones”.

Carolina Vargas Romero, de la CDHDF y de la Red por los Derechos de la Infancia, alerta que “es necesario eliminar los conceptos que implican una criminalización de la violencia entre las niñas, niños y adolescentes”.

Bonifacio Barba, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sostiene que “antes de pensar en más leyes es imperativo hacer cumplir las existentes”.

¿Necesita SNTE cambiar la ley?

Coinciden en la relevancia de las propuestas de Nueva Alianza y del PRI para crear mecanismos de coordinación escolar que prevengan la violencia en las escuelas e involucren a los padres y maestros en el diseño de soluciones.

Barba disiente: “Es una expresión de oportunismo político; el Partido Nueva Alianza, por sus vínculos con el SNTE y, por éste, con la realidad de la educación cotidiana en el país, no necesita recurrir al expediente de reformar la Ley General de Educación para apoyar la mejora escolar”.

El investigador aclara: “Existen bases jurídicas suficientes y buenas, lo que falta es vivir conforme a las leyes y que las autoridades se hagan responsables del derecho a la educación y de salvaguardar los derechos humanos de los trabajadores de la educación y no dejarlos a merced del sindicato”.

Para Nashieli Ramírez sí es pertinente plantear modificaciones a esa ley “desde la lógica de la educación para la paz y considerar el fenómeno de manera integral”, sin criminalizar a niñas, niños y adolescentes ni pensar a la escuela como una isla. Plantea que los docentes “recuperen su papel de mediadores y de educadores de ciudadanos”.

Trixia Valle considera que la capacitación resulta imprescindible y funciona. “Obligar a los alumnos a seguir las reglas y dar autoridad a los maestros, además de conocimientos, es la única manera de controlar y erradicar la violencia”, destaca.

Reseña que su fundación “ha capacitado a más de siete mil maestros en siete entidades. Hemos intervenido en 200 escuelas del Estado de México con capacitación a maestros, alumnos y padres, y la violencia ha disminuido en 75%”.

Padres permisivos

Opinaron sobre los lineamientos de la iniciativa de los diputados del PRI: actualizar la Ley General de Educación para prevenir el problema con estrategias diseñadas en los Consejos Escolares de Participación.

La propuesta plantea imponer a los padres “la obligación de promover desde el hogar” la cultura del respeto y tolerancia, así como la participación en las actividades programadas “para prevenir y controlar esta calamidad social”.

Consulora internacional sobre los derechos de la infancia y su situación en México, Nashieli Ramírez Hernández sostiene que “el mundo adulto tiene la obligación de dar protección y de asegurar una educación con esos principios. Por lo tanto es ocioso plantearlo así. Parece más una consideración para repartir culpas”.

La directora de Ririkí señala que el componente de seguridad y violencia ya está incorporado en dichos consejos. Considera que el enfoque de la participación social es correcto, si bien ahora los alumnos están fuera de esas estructuras.

Bonifacio Barba afirma que “la escuela no puede arreglar el desarreglo social y político. La mejor acción que cualquier partido puede hacer para mejorar la convivencia en la escuela es ser él mismo un partido democrático, respetuoso de los derechos humanos de los ciudadanos”.

Monica González Contró alerta: “Debemos tener mucho cuidado en convertir a los maestros y autoridades escolares en policías y jueces, pues la imposición de reglamentos o leyes que sancionen las conductas trastocaría la relación que debe existir entre maestros y alumnos, desvirtuando la función educadora”.

Pero desde su experiencia en colegios con el problema, Trixia Valle afirma que pedir a los padres que tengan obligación de educar de forma correcta a los niños, es urgente para erradicar el bullying. Señala que no basta con sugerir y que debe haber consecuencias para quienes no cumplen.

Ver nota en contexto original | Vía Excelsior

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